La autoridad regional valoró el ingreso del proyecto de ley Cautelares Reforzadas y
la entrada en vigencia de la Ley N° 21.818, que impide a personas condenadas por
delitos graves contra una mujer acceder a una pensión de sobrevivencia derivada
de su víctima.
Tras seis meses de despliegue por la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena,
la Seremi de la Mujer y la Equidad de Género, Gabriela Sánchez Cañete, destacó
dos iniciativas apoyadas por su cartera y que buscan fortalecer la respuesta del
Estado frente a la violencia contra las mujeres: el proyecto de ley Cautelares
Reforzadas, ingresado a tramitación el 26 de agosto, y la Ley N° 21.818, vigente
desde el 1 de septiembre.
“En estos meses hemos recorrido la región y escuchado a mujeres que enfrentan
dificultades para acceder a apoyo. En Magallanes, las distancias y el aislamiento de
algunas localidades hacen especialmente necesario que las instituciones actúen de
manera coordinada y a tiempo. Una mujer que denuncia debe encontrar un Estado
que la proteja de manera oportuna y efectiva”, señaló la seremi, que ya se ha
despleguedo por las provincias de Última Esperanza, Tierra del Fuego y Magallanes.
El proyecto de ley Cautelares Reforzadas propone dar continuidad a la protección
cuando una causa pasa entre tribunales de familia y penales. También contempla
una medida para prohibir el hostigamiento por medios digitales, mayor colaboración
de inspectores de seguridad municipal en el control de las cautelares y
consecuencias más claras frente a la destrucción intencional de dispositivos de
monitoreo. Además, plantea que el incumplimiento de una medida de protección sea
considerado por el tribunal al evaluar la prisión preventiva, según las circunstancias
de cada caso.
“Desde la región valoramos este proyecto porque una medida cautelar tiene que
traducirse en protección real. Si una mujer tiene una prohibición de acercamiento a
su favor, necesita saber que habrá seguimiento y una respuesta frente a su
incumplimiento. Las mujeres y sus hijos e hijas no pueden quedar expuestos a
vacíos de protección mientras las instituciones resuelven quién debe actuar”, afirmó
Sánchez.
La autoridad subrayó que esta tarea requiere el trabajo conjunto de los tribunales,
el Ministerio Público, SernamEG, Carabineros, la PDI, los municipios y los demás
organismos involucrados. “En una región tan extensa como la nuestra, la
coordinación puede marcar una diferencia concreta para una mujer que busca
ayuda, especialmente cuando vive lejos de una capital provincial, y en eso hemos
estado trabajando estos meses de trabajo en terreno”, agregó.
A este proyecto en tramitación se suma la entrada en vigencia de la Ley N° 21.818.
La normativa establece un mecanismo para impedir que personas condenadas por
determinados delitos graves cometidos contra una mujer reciban una pensión de
sobrevivencia derivada de su relación con la víctima. La prohibición comprende,
entre otros, delitos como femicidio, homicidio, parricidio, secuestro, delitos sexuales
y maltrato habitual, y se aplica una vez que existe una sentencia condenatoria
ejecutoriada.
Para hacer efectiva la prohibición, el tribunal deberá comunicar los antecedentes a
la Superintendencia de Pensiones dentro de los tres días siguientes a que la
sentencia quede ejecutoriada. Esta, a su vez, informará a las AFP y compañías de
seguros correspondientes.
“Tal como señaló nuestra ministra Judith Marín, es muy doloroso pensar que alguien
condenado por ejercer violencia grave contra una mujer pudiera recibir después una
pensión vinculada a ella. Esta ley permite cerrar esa posibilidad mediante un
procedimiento claro. Es una señal de respeto hacia las víctimas y de responsabilidad
del Estado para que la protección también se cumpla en la práctica”, concluyó la
seremi.
“Una mujer que denuncia debe encontrar un Estado quela proteja de manera oportuna”
